Cómo se protege el dato, dicho antes de que lo pregunte su área legal

La condición indígena es dato sensible, y eso ordena todo

La pertenencia a un pueblo indígena es un dato personal sensible bajo la ley chilena de protección de datos. Su tratamiento exige consentimiento expreso del titular, y ese consentimiento no lo puede dar ni el comprador ni la Fundación: solo la propia empresa. De esa regla se deriva el diseño completo del programa.

La regla que lo resume: la condición indígena no se identifica desde afuera, se acredita desde adentro. El programa nunca le dirá cuáles de sus proveedores son indígenas; hace que sus proveedores indígenas se lo digan ellos mismos, acreditados y con consentimiento.

Qué datos viajan, en cada dirección

Lo que entrega el comprador

Lo que su organización entrega: razón social y RUT de su padrón de proveedores. Nada más. El padrón no debe traer ningún atributo étnico, y si lo trae, se devuelve sin procesar: un padrón marcado por el comprador ya sería un tratamiento sin consentimiento hecho antes de llegar a nosotros.

Lo que recibe el comprador

Lo que su organización recibe: la lista de sus proveedores que ya están acreditados en el registro del Sello o inscritos con consentimiento en el Directorio, cada uno con su código público verificable; y cifras agregadas del potencial de su territorio, nunca con menos de cinco empresas por celda. Lo que no recibe: ninguna inferencia, sospecha ni clasificación sobre el resto de su padrón.

Lo que decide el proveedor

Lo que el proveedor decide: la invitación a acreditarse le llega firmada por su organización, y responderla es voluntario. Quien responde entra al Directorio con su consentimiento expreso y su condición se verifica con documentos. Quien no responde no queda registrado en ninguna parte, ni marcado por no responder.

Lo que no se hace nunca, con cualquier cliente y a cualquier precio

No se infiere la condición indígena por apellido, apariencia, comuna ni ninguna otra señal. No se usa el padrón electoral ni ninguna base construida desde él. No se entregan listas de personas o empresas presuntamente indígenas. No se cruza el padrón de un cliente contra fuentes que el titular no consintió. Y no se venden datos: el programa cobra por verificación y reporte, no por información sobre terceros.

Las cifras públicas van agregadas, siempre

Toda cifra que el programa publica o reporta va en agregado, con un mínimo de cinco unidades por celda y sin cruces que permitan reidentificar. Es un umbral más estricto que el que usa el propio Servicio de Impuestos Internos en sus estadísticas. Si un corte no llega a ese mínimo, no se publica: para proteger datos indígenas se agrega, no se recorta.

Los derechos del titular funcionan, no solo existen

Cada empresa acreditada puede pedir acceso, rectificación o supresión de sus datos en cualquier momento, y retirarse de la publicación sin perder su certificación: la vigencia de su código se sigue pudiendo verificar, porque el control de la marca no depende de la vitrina. El buzón para ejercerlos es privacidad@empresasindigenas.org.